LA POLÍTICA REGIONAL Y COMUNAL DE “IGUALDAD DE GÉNERO”: ARGUMENTOS CRÍTICOS

La llamada 'igualdad de género' que pretende institucionalizar el Gobierno Regional de Santiago mediante su política 2024–2029 y a nivel comunal con el llamado sello de igualdad de género del PNUD no es una neutral búsqueda de equidad entre personas. Es, en cambio, la articulación regional y comunal de una ideología global, sistemáticamente construida, con vocación de hegemonía cultural. Esta crítica se adentra, de manera general, en los presupuestos ideológicos que la inspiran y en las consecuencias destructivas que derivan de su aplicación política. La igualdad real —la que brota del reconocimiento del otro en su diferencia irreductible— no necesita aparatos de reingeniería antropológica, sino verdad, justicia y amor a la persona tal como es.

1.- La neutralización de la diferencia sexual. 

El primer presupuesto ideológico que se impone es la negación de la diferencia sexual. A través del concepto de 'género', la diferencia entre varón y mujer pasa a ser considerada una construcción social arbitraria. Este principio deslegitima todo aquello que esté vinculado a la corporalidad sexuada, como la maternidad, la paternidad o el matrimonio como unión de personas de sexo complementario. En lugar de reconocer el cuerpo como don y expresión de la persona, se lo reduce a una estructura vacía, disponible para la intervención técnica. La diferencia, que es fuente de fecundidad social, se transforma en enemiga del poder personal. Pero sin diferencia no hay reciprocidad, y sin reciprocidad no hay comunidad posible.

2.- El conflicto como principio fundacional.

Inspirada en claves marxistas y feministas radicales, la política de género parte de la convicción de que la historia de las relaciones entre sexos es una historia de dominación. El varón es presentado como opresor estructural, y la mujer como víctima institucional. Esta vez de sanar las heridas históricas mediante la reconciliación, se propone un nuevo antagonismo como motor. Esta forma de pensamiento anula la posibilidad de comunión entre varón y mujer, pues solo puede concebir relaciones como lucha por el poder. Lo político sustituye a lo personal, y la justicia se confunde con revancha.

3.- La subordinación de la maternidad y el desprecio del don.

Uno de los presupuestos más dañinos es la visión economicista de la autonomía. Se considera que la mujer solo alcanza dignidad plena en la medida en que renuncia a la maternidad como vocación primaria y entra al mercado laboral como individuo autosuficiente. Esto significa que el acto más grande de entrega, el cuidado del hijo, es considerado un retroceso, una dependencia o una forma de opresión. La maternidad no se valora como acción humana amorosa, generosa y agradecida de primer orden, sino como una 'renuncia' que debe ser compensada por el Estado. El ideal de persona así proyectado es aquel que no necesita a nadie, y no se debe a nadie. Pero la libertad sin vínculos no humaniza: aísla.

4.- El cuerpo como superficie neutra.

La ideología de género ha dejado de ser una defensa de derechos para transformarse en una antropología deletérea. El cuerpo ya no tiene significado intrínseco, sino que debe ser interpretado, corregido o incluso negado en función del deseo. Esta disociación radical entre cuerpo e identidad abre la puerta a mutilaciones, hormonizaciones y tratamientos irreversibles como si fueran derechos. Se promueve, incluso desde la infancia, una ruptura con la corporeidad como si el cuerpo no dijera nada. Esta es la antropología del vacío: ya no somos, solo deseamos ser. La medicina, la psicología y la educación quedan al servicio de la voluntad individual disociada de todo realismo ontológico.

5.- El Estado como redentor de la cultura.

Otro presupuesto esencial es el rol del Estado como agente de transformación antropológica. La política de género no se limita a proteger a personas en situación de fragilidad: quiere rediseñar la cultura, los afectos, las creencias, los usos del lenguaje, los contenidos curriculares y el modelo de familia. Se otorga al Estado una misión mesiánica que lo convierte en pedagogo de la conciencia. Bajo la noción de 'transversalización del enfoque de género', cada política pública debe subordinarse a este paradigma ideológico. Así se sustituye el principio de subsidiariedad por una lógica de control social. La pluralidad cultural desaparece ante el dogma único del deseo convertido en norma.

6.- El pluralismo identitario como disolución del bien común.

Desde la teoría interseccional, se enseña que cada sujeto pertenece a múltiples categorías de opresión y debe ser visibilizado en su diferencia. El resultado es una política que no busca la unidad, sino la fragmentación constante. Se abandona la noción de bien común y se reemplaza por una suma de demandas parciales, a menudo incompatibles entre sí. El Estado, en vez de armonizar, administra agravios. Así, la sociedad se convierte en una colección de minorías organizadas que compiten por poder simbólico. Sin un horizonte ético común, la política se degrada en administración del resentimiento.

7.- Moral pública sin verdad. 

En este paradigma, la única norma ética válida es la no- discriminación, entendida como validación obligatoria de toda forma de vida, cualquiera sea su naturaleza. No se permite distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo humano y lo degradante. El juicio moral es sustituido por la adhesión emocional. La conciencia, desarraigada de la verdad, se vuelve volátil, y la libertad se vacía de contenido. Así, lo que se presenta como inclusión es, en realidad, una negación sistemática de todo principio normativo.

Conclusión: la raíz es el problema

No basta con señalar los excesos de la política de género: hay que denunciar su raíz. El problema no es solo práctico: es ideológico. El proyecto igualitario del Gobierno Regional y de nivel comunal no se puede corregir desde dentro, porque ha sido concebido desde una lógica incompatible con la realidad del ser humano. Aceptar sus presupuestos es renunciar al lenguaje del cuerpo, a la diferencia originaria, a la comunidad natural que es la familia, y a toda forma de bien común enraizado en la verdad. Por eso, la verdadera política humanista no puede configurarse sobre esta base. Solo una nueva visión de la persona, del amor y de la libertad puede devolver al debate público el sentido común extraviado.

El análisis y crítica detallada de la Política Regional para la Igualdad de Género como del Sello de Igualdad de Género a nivel comunal, será realizado en una jornada especial. También se propondrá una política alternativa.

 

El Autor:

• Juan Carlos Aguilera P.

Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra. Catedrático de Filosofía.
Director de Empresas Familiares.

Fundador del Club Polites. Contacto: 569 91997881.

 

• El archivo del texto lo puede compartir con quien deseé.

Santiago del Nuevo Extremo, 29 de Junio del 2025. Fiesta de san Pedro y san Pablo.

SERVIDORES PÚBLICOS: GUARDIANES DE LA REPÚBLICA

En medio de la marea de escándalos, nepotismos, licencias fraudulentas y convenios sospechosos, hay nombres que encarnan —con sobriedad y firmeza— la figura olvidada del de los servidores públicos: que sostienen la República sin discurso, pero con integridad. Pues, las instituciones no son las estructuras jurídicas: son las personas de carne y hueso que les dan forma, sentido y dignidad.

Una de las figuras más luminosas de estos años ha sido Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tricel. No llegó al cargo por popularidad, ni buscó protagonismo. Pero el 4 de julio de 2021, en la apertura de la Convención Constitucional, fue ella quien dio sentido institucional a una jornada extraviada en consignas.

 

Leyó el acta con voz entrecortada, pidió respeto con valentía y sostuvo la compostura de la democracia como si la historia dependiera de su tono. En buena medida, así fue. No fue elegida. No dio discursos. No militaba en ningún bloque. No presidió la Convención. Pero encarnó, como pocas veces, lo que significa ser garante: no del poder, sino del orden de la República.

De igual modo, en el Poder Judicial, donde la independencia no se declama sino que se ejerce, destaca la figura de Raquel Camposano, la fallecida ex ministro de la Corte de Apelaciones, civilista destacada y símbolo de rectitud institucional. Apodada “la jueza de hierro” por su carácter incorruptible, asumió la investigación del crimen del senador Jaime Guzmán, asesinado en democracia por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y lo hizo con un temple que jamás cedió ante presiones ni climas ideológicos. Formadora de generaciones enteras de jueces, recordada por su pulcritud jurídica y su estilo sobrio, Camposano representó, sin alardes, la majestad del Derecho cuando aún no se confundía con espectáculo ni activismo.A ellas se suma hoy otra figura simbólica: la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien ha asumido la
autoridad de una de las instituciones más importantes de control del poder público. Su rol en el escrutinio del gasto estatal, en la fiscalización del cumplimiento legal de los servicios y en la denuncia —seria, sin aspavientos— de irregularidades en las contrataciones y transferencias, la ha hecho blanco de críticas, presiones e intentos de desacreditación.
Y sin embargo, ahí sigue: firme, prudente, recordándonos que el Estado no es solo política: también es conocimiento técnico, control, y responsabilidad fiscal.

Estas mujeres no son íconos mediáticos. No posan para portadas. No organizan puntos de prensa. Pero encarnan, con su sola presencia, lo mejor de la vida republicana. Representan a ese servidor público que no se entrega a una ideología, ni a un partido, ni a una red de favores, sino a su institución. Que entiende que ejercer un cargo no es una oportunidad de visibilidad, sino un compromiso de invisibilidad operante: hacer bien lo suyo, para que otros puedan vivir tranquilos lo suyo.

Ellas no gobiernan, pero sin ellas no hay gobierno que se sostenga. No legislan, pero sin su templanza, no hay legalidad que valga. Son testimonio viviente de que, incluso en medio del descrédito, el alma de la República no ha muerto: solo necesita que alguien la recuerde.

 

Por eso, estas tres mujeres —Valladares, Camposano, Pérez— encarnan una verdad olvidada: La República se sostiene más en la virtud de sus servidores que en la voluntad de sus gobernantes.